Por Jorge
Pedro Zabalza (*)
Luego de la
represión en el barrio Santa Catalina de Montevideo, Uruguay, una reflexión sobre el accionar de la policía y la forma cruel de
“adoctrinamiento” desde el Ministerio del Interior. Publicada en El Municipal,
periódico del sindicato ADEOM, refleja la violencia policial que se
vive también en nuestro país.
Primera pregunta básica: ¿Por qué un
policía no siente ningún tipo de frenos morales o éticos que le impidan
asesinar a sangre fría un pibe, sea en el Marconi, sea en Santa Catalina, en
Córdoba o donde fuere?
Desde que el Ministerio inventó los
famosos “megaoperativos”, se indujo en la policía la creencia de que tiene
derecho a invadir un barrio con patrulleros y camionetas lanzados a toda
velocidad, las sirenas abiertas y las luces destellando (en Santa Catalina
faltaron solamente los helicópteros). Ese tipo de operaciones no está dirigido
a la investigación del delito cometido, sino a crear una sensación de terror en
el vecindario. Está emparentado con formas de represión masivas empleadas en el
pasado reciente del Uruguay y son similares a las que emplea la policía israelí
para “controlar” los barrios de población palestina. La policía uruguaya lo
está haciendo sistemáticamente en los barrios de la periferia y sus víctimas
preferidas son la población joven.
Estas prácticas no forman al policía en el
respeto a los demás. Son demasiados los casos para creer que el de Santa
Catalina fue algo excepcional. El policía que asesinó a Sergio Lemos y los que
se ensañaron con Lorena Fagúndez y los otros pibes, carecen de todo freno
ético y moral, se creen dueños de la vida o la muerte de los demás, creen tener
el derecho de matar porque el Estado les otorga el poder para hacerlo.
No tienen la más mínima idea de que
actuaron contra los preceptos morales y éticos. Nadie les ha inculcado
conceptos éticos y morales como el respeto a los demás, pese a que esas
lecciones deberían haber estado en la tapa del libro donde aprendieron
procedimiento policial. Por el contrario, en la desmesura de la arrogancia, los
policías están siendo inducidos a verse como una especie de Schwazernegger, a
quienes les está permitido transgredir los principios éticos y morales en
nombre del Estado. El policía no es un ser omnipotente, solamente puede
usar su arma de reglamento en condiciones muy definidas y dentro de
límites muy estrictos. Ningún policía tiene derecho a disparar contra un preso
o contra un sospechoso de haber cometido un delito. Esa clase de procedimientos
forman parte de la política del “gatillo fácil”, una forma ilegítima de emplear
la fuerza pública que lesiona profundamente las garantías constitucionales de
los ciudadanos y los derechos humanos de la sociedad entera.
El instinto de supervivencia de la especie
domina sobre las tendencias agresivas y por eso es posible vivir en manada,
tribu o cualquier tipo de sociedad humana. Así es que una enorme cantidad de
personas poseen armas de fuego y no andan a los tiros matándose entre sí,
de la misma manera que no lo hacían en las comunidades primitivas, donde cada
cual poseía su lanza y su arco y flechas. En el capitalismo, en cambio, se
valora sobre todo la capacidad de triunfar sobre los demás en la competencia;
el mejor competidor es el mejor considerado socialmente, aunque sea un
energúmeno cuya gloria personal es dominar a sus semejantes de cualquier
manera, aunque para ello deba cometer los peores crímenes. Sin embargo, el
Ministerio del Interior inculca a sus subordinados formas agresivas de
relación, que implican una filosofía antinatural, opuesta a la propia
sobrevivencia de la especie humana. La misma que inculca el imperialismo a sus
soldados.
La segunda pregunta básica es: ¿Por qué el
Ministerio del Interior no instruye a sus subordinados en el sentimiento de que
los derechos humanos son tan sagrados como la constitución o la biblia?
Ante todo porque no les interesa. Esa es
la respuesta inicial. El gobierno de Mujica no está comprometido con la Verdad y la Justicia , abdicó de ellas
en aras de triunfos electorales. No puede enviar a los jóvenes policías un
mensaje firme, claro y convincente de respeto a los derechos humanos,
porque es un gobierno incapaz de jugarse por la Verdad y la Justicia. Se limita a
tomar medidas para llenar el ojo de las instituciones internacionales. Sus
gestos y señales indican que “eso de los derechos humanos es mero palabrerío de
intelectuales y grupos radicales, los crímenes contra la humanidad fueron cosa
del pasado, ahora hay que olvidarlos y perdonar a los culpables”. Es más,
hay hechos que indican que su voluntad política es arrojar un manto de
impunidad sobre crímenes policiales que ocurrieron en plena democracia, después
de 1985. El ministro Bonomi “olvidó” por ejemplo investigar los
asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal, cometidos por la policía
durante la “masacre de Jacinto Vera”, de la cual fue partícipe activo junto con
el presidente de la república y el ministro de defensa. Asimismo ellos tres no
se han preocupado por reabrir la investigación del homicidio de Ronald
Scarzella, antiguo compañero de ellos en el MLN (T), cuyo asesinato huele desde
siempre a “ejecución extrajudicial”. Estos “perdones” de facto, otorgados en la
oscuridad y el silencio, indican a los policías que sus tropelías gozarán de
impunidad anticipada por mucha democracia republicana que exista. Se sienten
protegidos, con permiso para depredar impunemente.
Tercera pregunta básica: ¿Por qué no se
instruye a los policías en las formas de proceder respetuosas de los ciudadanos
y en el respeto a sus garantías constitucionales? ¿Cuál es el sentido de
incentivar el espíritu represivo y la violencia policial en lugar de principios
humanistas y de solidaridad social?
Para atraer las inversiones extranjeras
son más atractivos los salarios bajos que las exoneraciones impositivas
(contradigo al señor presidente Mujica, de puro atrevido nomás). Por esa
razón la política salarial del gobierno mantiene a la tercera parte de los
habitantes con ingresos menores a 14.000 pesos, a menos de la cuarta parte de
la canasta de necesidades básicas. Es lo que requieren los acuerdos con los
sectores empresariales de la región y con las corporaciones transnacionales.
Por lógica pura, como constantemente le
están diciendo que el producto y las exportaciones del país van cuesta arriba,
el pueblo trabajador aspira a que su poder adquisitivo crezca para vivir mejor.
Sin embargo sus aspiraciones están siendo reiteradamente postergadas, por lo
cual puede presumirse un incremento de la conflictividad social, como cualquier
conocedor de la historia puede corroborarlo. La estrategia de mantener bajos
los salarios puede entonces requerir una policía preparada para dar palo,
con capacidad rápida de respuesta y un funcionamiento bien aceitado. El Ministerio
del Interior ha asumido esa responsabilidad histórica, la de instrumentar la
concepción policial que necesitan las corporaciones transnacionales y el
capital financiero.
Con la población más excluida y marginada,
socialmente estigmatizada y aislada, la policía está ensayando los
procedimientos violentos que luego emplearán contra el resto del pueblo
trabajador. ¿Qué víctimas más indefensas e impotentes podrían encontrar para
entrenarse en los novísimos métodos represivos? La violencia policial es
una política de control de la población. Esa es la respuesta fundamental a las
preguntas básicas.
Conclusión: en el asesinato de Sergio
Lemos en Santa Catalina hay dos tipos de responsabilidades. La directa e
inmediata es la del brazo ejecutor, el guardia de la Republicana , pero hay
otra responsabilidad, indirecta y mediata, que es la del Ministro del Interior,
el que decide cuáles serán las políticas y las estrategias policiales y optó
por desarrollar una fuerza policial preparada y aceitada para reprimir.
No alcanza con pedir disculpas, deberían cambiar la concepción represiva global
que domina en el gobierno de Mujica y que conduce a actuaciones ilegítimas por
parte de la fuerza pública.
(*) Ex
prisionero político uruguayo, uno de los nueve rehenes tupamaros de la
dictadura uruguaya)
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