Bolivia, ¿rumbo al socialismo?

Por Raquel Balcázar y Sebastián Ochoa

El asombro es mundial. La esperanza e ilusión en los sectores indígenas de Bolivia se mantiene con fuerza, quieren un cambio y se sienten protagonistas de ese cambio. Por eso en las últimas elecciones le han dado el 64 por ciento de los votos.
Evo Morales, el presidente aymara boliviano, satanizado por unos e idolatrado por otros, siempre considerado un socialista radical. Pero si se mira de cerca, surge la certeza de que el proceso liderado por Morales y sus allegados no conducirá al socialismo, muy a pesar del nombre de su sigla partidaria.
Para comprobar esta aseveración, es necesario repasar los últimos años de Bolivia, años caracterizados por las constantes luchas del pueblo boliviano contra el capitalismo, sus instituciones y sus métodos de opresión.

El Octubre boliviano: derrumbe de los partidos políticos "tradicionales" y ausencia de una dirección revolucionaria.
El amanecer del viernes 17 de octubre de 2003, ninguno de los manifestantes que dormían atrincherados en las calles frías de la ciudad de El Alto se imaginaba que su valerosa lucha terminaría con la huida a Miami del repudiado presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Claro que primero sacaría unos cuantos millones de las reservas del Banco Central y dejaría tras él 65 muertos por balas del Ejército.
La insurrección de octubre de 2003 marcó un salto político importante de las masas bolivianas. La oposición a la exportación de gas por Chile a cargo del Consorcio Pacific LNG (conformados por la British Petroleum y la española Repsol-YPF) ponía de manifiesto el agotamiento del modelo neoliberal aplicado desde de los 80. La privatización de las empresas del Estado y la entrega de los recursos estratégicos del país a las transnacionales habían generado más pobreza. Los 500 mil empleos prometidos por “Goni” con la "capitalización" de las empresas de Estado nunca llegaron.
Del rechazo a la exportación de gas por Chile, el pueblo boliviano en las calles pasó a exigir el cierre del Parlamento y la renuncia del presidente asesino que había militarizado el país.
La avanzada revolucionaria de las masas y su eventual triunfo político con la expulsión de “Goni” tuvieron como consecuencia el quiebre de los partidos políticos “tradicionales” que hasta el momento se habían sucedido en la administración del Estado. Eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que se apoderó de la revolución de 1952; Acción Democrática Nacional (ADN), partido del ex dictador Hugo Banzer; Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) –que pese al nombre también era de derecha–, entre otros.
Sin embargo, hubo una gran limitante para el avance del proceso revolucionario, fundamental: el factor subjetivo. La dirección revolucionaria estaba ausente. La insurrección de octubre y su posterior desenlace dejaban esta realidad al desnudo. El valor y el coraje de las masas no fueron suficientes para ir más allá, hacia la estructuración de un nuevo Estado. El espontaneísmo y el instinto revolucionario no son suficientes para generar revoluciones. En semejante escenario, la salida lógica fue la sucesión constitucional y, posteriormente, el adelantamiento de elecciones.

Un indio presidente
Las elecciones generales de 2005 presentaban como candidato presidencial (por segunda vez) al dirigente cocalero Morales, con la sigla prestada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no era más que un desprendimiento de la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB).
Conducida la insurrección a las urnas, ausente una dirección revolucionaria y en un país con más del 60 por ciento de su población indígena, Morales captaría el apoyo mayoritario de un pueblo relegado y oprimido, que veía en el líder cocalero su reflejo. Fue así que –superando todo pronóstico– el MAS se impuso con el 53 por ciento de los votos. A pesar de que este partido no tenía un programa político claro, tuvo la audacia de saber cabalgar en el movimiento de masas, que una vez embridadas lo condujeron al triunfo aplastante.
Después de una insurrección que había acabado con las viejas estructuras partidistas, y que a la vez había desafiado la institucionalidad del Estado burgués, el proceso revolucionario boliviano empezó a caminar sobre las vías del parlamentarismo: Asamblea Constituyente, referéndums, elección de prefectos. Las visitas a las urnas se sucederían una tras otra.

La Constituyente: nueva Constitución pactada
Desde los 90, los pueblos indígenas –especialmente del oriente boliviano– planteaban su incorporación a las estructuras del Estado con el afán de plasmar allí sus reivindicaciones portergadas: Tierra, territorio y autodeterminación. Con ese norte exigieron una Asamblea Constituyente Soberana que incluyera la capacidad de decisión política de las organizaciones. Es decir, una Constituyente que sesionara sin las trabas de la oposición oligárquica terrateniente ni de los consorcios internacionales, como hasta entonces había sucedido en Bolivia.
Morales utilizó este clamor como un recurso electoral hasta su consagración en las urnas, donde obtuvo 130 de los 255 constituyentes. Tenía todo el apoyo popular para la “refundación” del país mediante una Constituyente Soberana con una mayoritaria representación indígena, obrera y campesina, como pedían los sectores populares. Sin embargo, el nuevo Gobierno cedió ante la debilitada oposición. Aceptó modificar la ley de convocatoria y dio a la oposición el derecho a frenar cualquier reforma que pudiese ser planteada en la Asamblea Constituyente, que debía ser consensuada por dos tercios de los asambleístas. Como el MAS tenía la mayoría pero no los dos tercios, quedó obligado a pactar con la oposición.
Paso posterior a una insurrección popular desviada hacia mecanismos parlamentaristas y plebiscitarios (muy a pesar de los deseos legítimos de sus propulsores), la Constituyente boliviana venía a jugar un rol reformista y, por tanto, estabilizador de un Estado golpeado por el ímpetu y la avanzada revolucionaria que habían adquirido las masas. Es decir que, luego de una lucha de clases que había tomado forma física en las calles, la Constituyente venía a ser un escenario de conciliación de clases: pactos a partir de los cuales la derecha minoritaria tenía la capacidad de imponer sus planteos.

La nota completa en edición de marzo de la revista Sudestada