Paulina Lebbos fue víctima de un crimen que involucra a los "hijos del poder" de la provincia de Tucumán. Su padre, Alberto Lebbos, nos cuenta sobre el camino recorrido por pedir justicia (y el que aún le queda por recorrer).
por Nadia Fink
Su crimen cumplió 7 años de impunidad el 26 de febrero. La misma justicia tucumana que dejó libre “por falta de pruebas” a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón, mira para otro lado. Paulina Lebbos sigue muriendo cada febrero y su padre, Alberto, sigue tocando puertas en la capital del país en busca de algo tan simple como complejo cuando el poder está en el medio: verdad y justicia.
Pero Alberto no está solo: en el camino se ha ido juntando con otros desamparados de la justicia que no llega, y a partir de ese encuentro surgió la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. Cada martes van marchando con el dolor intacto, pero también con la lucha cotidiana no sólo por los familiares que ya no están, sino también por los muchos jóvenes que hoy siguen siendo víctimas de un Estado que los abandona. “Por eso la denominación víctimas de la impunidad y no de la ‘delincuencia’, porque esto del lenguaje no es para nada inocente”, cuenta Alberto en una entrevista exclusiva para Marcha.
Por eso, el próximo martes desde las 7 de la tarde habrá una jornada contra la Impunidad en la plaza Independencia de la ciudad de Tucumán.
Alberto llegó a Buenos Aires unos días antes para contar sobre la jornada, denunciar el caso y para hablar claro y concreto: “Mi miedo es que la causa prescriba (para lo cual quedarían tres años más como máximo). Está totalmente paralizada y yo no tengo siquiera acceso al expediente a pesar de que soy querellante”. Después de persistir en su pedido de ayuda (dos solicitudes de audiencia a la presidenta incluidos: una por carta y otra presentada personalmente a principios de febrero en la Casa Rosada), desde la Secretaría de Derechos Humanos dela Nación a través dela Comisión Nacional Antiimpunidad le garantizaron el envío de un abogado para que se presente en la fiscalía y pueda ver el expediente. De cualquier manera, el pedido de Alberto es más abarcativo aún: “Se necesita que se forme una Comisión para que pueda investigar porque, si apareciera una prueba sobre Paulina, ¿a quién se la llevo?, ¿a la policía, el poder judicial y la legislatura de Alperovich? Ya no confío en nadie: si no hay una intervención directa de alguien que tenga poder, estamos fritos”.
Paulina Lebbos tenía 23 años la noche que desapareció. Era el 26 de febrero de 2006. Su hija Victoria, que entonces tenía 5 años, se había quedado en la casa con sus abuelos, con quienes vivían ambas. A Paulina le gustaba mucho bailar. Desde que era chica. “Era toda una artista, cuando eran niñas con las hermanas y otras primas imitaban a toda la familia. Y bailaba muy bien”. Por eso fue a la zona de los boliches de la ciudad esa misma noche en la que desapareció.
Paulina estudiaba Comunicación Social. Quería ser periodista. Y, cuenta su padre, “además era muy abocada a la comunidad, solidaria, amiguera”. Su rastro se perdió esa noche, luego de que dejara en la puerta de la casa a una amiga en un remís. Fue encontrada el 11 de marzo en un descampado de la localidad de Raco (en el interior de Tucumán). Allí es donde empieza la serie de encubrimientos que llevan a relacionar el caso con el de María Soledad Morales, en la conservadora provincia de Catamarca: “Cuando la encuentran a Paulina, recién le avisan al fiscal cuatro horas después y a mí: en todo ese tiempo han movido el cadáver, han escondido las fotografías, amenazaron a los chicos que lo habían visto antes… La causa tiene 28 cuerpos, y todo lo que dice ahí son mentiras. Por ejemplo, nunca se hizo el cruce de llamados; nunca se mostró la reconstrucción que hizo la Gendarmería y tampoco el informe dela Policía Federal que estuvo ese mismo 2006. Además, como ejemplo, los cabellos que encontraron bajo las uñas de Paulina fueron cotejados con los ADN de su madre (que está postrada hace años), con su hermana y conmigo: no lo han hecho con un hijo de un gobernante, secretarios ni policías”, cuenta Alberto.
La hipótesis que involucra a “los hijos del poder” en el crimen fue creciendo al calor de los encubrimientos y de las declaraciones del propio gobernador de la provincia. José Alperovich sostuvo públicamente en esos días que conocía el nombre del asesino pero, sin embargo, nunca lo pronunció ni se lo citó a declarar. Que el crimen lo preocupaba lo demuestra una foto que registra al entonces fiscal de la causa, Alejandro Noguera, ingresando de noche y en soledad a la casa del gobernador. Lebbos cuenta que otros signos de “pago de silencio” son los sucesivos ascensos que lograron los policías y funcionarios relacionados con la investigación: “El entonces ministro de Seguridad, Pablo Baillo, debió renunciar por las sospechas de encubrimiento pero hoy continúa trabajando para el gobierno de Alperovich en el cargo de ‘Asesor’; el secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, sigue en su cargo; el comisario de Raco, Enrique García, quien reconoció haber mandado adulterar las actas, fue ascendido a Jefe de Logística dela Jefatura, y su hijo consiguió un nombramiento en el Instituto de Previsión Social, por poner sólo algunos ejemplos”. Por estos motivos, Alberto inició una causa penal contra el gobernador y el pasado 4 de febrero, el abogado constitucionalista Luis Iriarte presentó también un pedido de juicio político en su contra.
La Comisión de Familiares Víctimas dela Impunidad no tiene personería jurídica “porque no queremos reconocerle el rol de policía al Estado. Además de las marchas de los martes, se participa en otros espacios de luchas parecidas. Cuenta Alberto que “tienen que ver con la cuestión de los reclamos populares, porque entendemos que hay un denominador común que es la impunidad. Con ese marco, nos relacionamos con otras organizaciones y movimientos sociales con los que establecemos fuertes vínculos y vamos aprendiendo de otros”. Pero además de lo ya recorrido, están trabajando con metas concretas: por ejemplo, consiguieron que se sancionara la Ley de protección al testigo (que aún está sin reglamentar desde hace siete años) y trabajan con la perspectiva de cambiar el sistema judicial corrupto: “Acá hay que fortalecer el rol del querellante. También, conseguir que sean imprescriptibles los delitos que comenten los funcionarios públicos y que puedan formarse comisiones populares para el seguimiento de lo que hacen los jueces”.
Y cierra así de concreto: “Los que detentan el poder (porque no cometamos el error de hablar de una ‘entelequia’) son personas como nosotros. Y si se entiende que el poder es la capacidad de hacer, el que tiene las herramientas qué hace, dice: “esto es una sensación de inseguridad”. O peor: “es un problema de larga data”, como si eso fuera que no tiene solución, no la tiene porque nunca nadie se ocupa de solucionarlo… Son todas excusas para no ocuparse de lo que debería hacerse”.
* Nota publicada en Marcha
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