por Mauricio Díaz (desde Córdoba)
El martes 30 de abril, la Policía reprimió a vecinos de Cuesta Blanca, miembros de la Coop. Solares
de Icho Cruz y de org. sociales, que marchaban por la
liberación de 6 compañeros. Los cooperativistas denuncian represión y
negocios inmobiliarios con anuencia judicial.
El
14 de abril pasado, la policía de Córdoba irrumpió violentamente en terrenos
ocupados por la
Cooperativa Solares de Icho Cruz. El desalojo se realizó sin
orden judicial, y desató una investigación interna en la fuerza. El hecho a su
vez reveló una situación más compleja. Desde la cooperativa aducen que nunca se
resistieron al desalojo, y que solamente estaban resistiendo el corte de
alambrados que se producía por parte de corredores inmobiliarios.
Desde
2005, muchas personas con necesidades habitacionales comenzaron a ocupar
terrenos vacantes en el Barrio Solares de Icho Cruz. Desde entonces, los
vecinos son asediados por la fuerza pública y por distintos grupos que
incursionan a la zona. Debido a esto tuvieron que organizarse y lo hicieron
como asamblea de poseedores. En 2010, se inscribieron bajo la recuperada
Cooperativa Solares. Hoy tiene más de 300 posesiones, en un barrio donde viven
cientos de familias. “Hace prácticamente un año, luego de un estudio sobre los
lotes vacantes del barrio Comechingones en Cuesta Blanca, algunos de nuestros
socios comenzaron a posesionar esos terrenos”, dio a conocer la Cooperativa Solares ,
en un documento leído el martes 30 de abril, en la puerta de la comisaría U.R.
3 de Villa Carlos Paz. Además, denuncia que desde entonces “los socios han sido
amenazados con armas de fuego, perseguidos, detenidos y desalojados por la Policía de Córdoba y la Guardia de Infantería;
todo esto desplegado siempre en forma ilegal dado que nunca han presentado
ninguna orden de la fiscalía para actuar y no se ha presentado tampoco ningún
titular registral a efectuar las correspondientes denuncias”.
El
documento fue presentado en la marcha por las calles de Villa Carlos Paz, que
hicieron para pedir por la liberación de cinco miembros de la Cooperativa. Hernán ,
uno de los vecinos del Barrio Comechingones, describió las detenciones como una cama: “Durante toda la tarde del
sábado pasado, la policía hostigó a los vecinos y a las organizaciones que
marcharon desde Córdoba Capital. En medio de las negociaciones con la Policía , a la reunión acudieron
cinco referentes del barrio, y en el lugar fueron emboscados por un grupo de
Infantería”. Inmediatamente fueron trasladados a la Alcaldía de Carlos Paz.
El hostigamiento y la represión, para lograr el desalojo, según el abogado de la Cooperativa Solares ,
Ignacio Andres, fue sin orden judicial y se les imputaron los delitos de
resistencia a la autoridad y usurpación. Además, comentó que no existió el
delito de usurpación, ya que los vecinos de la cooperativa ocuparon los
terrenos abandonados bajo la figura de usucapión. Detalló que “la titularidad
de los terrenos está vacante, ya que antes pertenecieron a dos empresas que sufrieron
sendas quiebras, una a mediados de los años 70 y la otra en 1992. La comuna
tampoco inició los trámites para su adquisición como terrenos fiscales, por eso
la propiedad está vacante”.
Los
vecinos del Barrio Comechingones denunciaron que el Fiscal Gustavo Marchetti no
tuvo (ni tiene) ninguna voluntad de investigar la verdadera titularidad de
estos terrenos ni el rol de dos empresarios de la zona. La Cooperativa Solares
adujo que “las posesiones de nuestros compañeros se ejercen de manera
perfectamente legal, en el marco de la
Ley 9.150 de Poseedores y saneamiento de títulos”.
El
fiscal Marchetti ordenó la detención del Presidente de la Cooperativa , Juan
Cochrane el lunes 29 pasado, bajo el delito de “instigación a la violencia”,
por un mensaje en Facebook, que supuestamente habría publicado Cochrane. Así la
suma de detenidos por este conflicto llegaba a seis.
En
la marcha del martes 30, a los vecinos del barrio Comechingones, se sumaron
distintas organizaciones sociales y la agrupación Encuentro de Organizaciones
(EO). Cerca de 100 personas partieron de los jardines de la intendencia hacia la Comisaría U.R. 3.
Entre las exigencias presentadas, se encontraba una hacia el fiscal Gustavo
Marchetti, el mismo desde el inicio del conflicto y las detenciones, quien se
negó sistemáticamente a recibir a los abogados de los detenidos. Según ellos,
agotó todos los plazos judiciales, y por ende se volvieron ilegales las
detenciones. Luego de que los abogados Ignacio Andres y María José Mendiburu
hablaran con un ayudante del fiscal, en la Comisaría , y ante la negativa de prestarles
información sobre los detenidos, los manifestantes decidieron realizar una
sentada, hasta que el Fiscal Marchetti los recibiese. Los vecinos de la
cooperativa e integrantes del EO comenzaron a ser provocados por personas de
civil, desde dentro de la comisaría, enseguida policías de civil empezaron a
provocar desde afuera, y al forcejeo se le sumaron efectivos que custodiaban la
fachada de la comisaría U.R. 3 de Villa Carlos Paz. Los empujones, forcejeos y
golpes, se generalizaron sobre toda la vereda de la comisaría y sobre la Av. San Martín. Los
manifestantes que estaban realizando la sentada fueron atacados por un grupo de
Infantería que se dirigió directamente a los referentes de los vecinos y de las
agrupaciones, según lo denunciaron varios de los miembros del EO. En total,
sumaron 15 los detenidos, incluido el Abogado Ignacio Andres.
En
horas de la noche del martes, se dirigieron a Carlos Paz varios abogados del
Colegio y de las distintas organizaciones. Pudieron contactarse con algunos
detenidos, y se fueron sin poder reunirse con el Fiscal Marchetti, quien les
imputó “la obstrucción de las vías de comunicación”, según lo indica el Código
de Faltas de la Provincia
de Córdoba.
Otra
vez apareció este Código tan polémico por su aplicación, ya que facilita las
detenciones y juzgamientos por parte de la policía cordobesa y de los fiscales.
El fiscal ordenó la detención, y en este caso aplicó la sanción a los detenidos
de acuerdo con el Código de Faltas pero es anticonstitucional que una persona
que no sea un juez emita una orden de detención, de acuerdo con los artículos
45 de la Constitución
de la Provincia
de Córdoba; y al artículo 18 de la Constitución Nacional.
El jueves 2 de mayo, juez de Control, Daniel Strassorier, decidió la liberación de tres mujeres detenidas el sábado anterior. Lo hizo por el pedido de un grupo de abogados de
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