La Ley Antiterrorista y su aplicación en Colombia

por Tomás Astelarra

La verdad que se oculta tras la Ley es la de un ex presidente vinculado con los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares entrenados y armados por los Estados Unidos, responsables de masacres a pueblos originarios con millones de cadáveres y fosas comunes.

“Desde el año 62, según documentos que antes eran secretos pero posteriormente se han ido conociendo, existe una política oficial en Colombia impuesta por misiones militares norteamericanas que lleva a entrenar grupos mixtos de civiles y militares con la intención de desarrollar acciones terroristas paramilitares (lo dice con esas palabras textuales) contra los simpatizantes del comunismo (que siempre han sido las organizaciones populares y los sectores de oposición al estado). Y estos manuales ya empiezan a fundamentar cómo la población civil debe estar involucrada en la guerra, no solamente como participantes en la lucha armada a través de estos grupos auxiliares del ejército, sino también como blanco principal de la guerra. Ahí se dice claramente que la guerra moderna, contrainsurgente, es una guerra contra la población civil. El paramilitarismo está diseñado como una fuerza auxiliar para poder saltearse todas las barreras legales y éticas de la guerra”, explica el padre Javier Giraldo, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia en el documental Naya, ni olvido ni perdón, que narra la vinculación de la masacre paramilitar en la región de Naya (contra pueblos originarios Nasa, Emberá, campesinos y afrodescendientes) con el ejército y el gobierno colombiano, pero sobre todo con los megaproyectos de biodiversidad de las multinacionales de conservación (como WWF o Conservación Internacional) apoyadas por gobiernos, ongs y organismos de cooperación de Europa y Estados Unidos.

La historia colombiana es intrincada y siempre viciada de máscaras informativas y hollywoodenses donde los malos son los terroristas latinos que trafican armas en complicidad con infiltrados en pueblos campesinos, políticos, académicos, estudiantes universitarios y hasta ongs. Pero la verdad, esa que se oculta del otro lado de la máscara, es la de un ex presidente vinculado con los carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares entrenados y armados por los Estados Unidos, responsables de masacres a pueblos originarios con millones de cadáveres y fosas comunes que aún se están desenterrando en Colombia. Cuatro millones de personas desplazadas de sus tierras y 6000 sindicalistas asesinados en los últimos 10 años, 3000 personas falsamente asesinadas por terroristas (falsos positivos) y otras miles encarceladas por lo mismo, entre otras estadísticas escalofriantes. El Tribunal Permanente de los Pueblos –que durante dos años recogió pruebas de estos crímenes– condenó al gobierno colombiano, el de Estados Unidos, y una larga lista de empresas multinacionales (Coca Cola, Nestle, Oxy Petroleum, Univeler y Monsanto, entre otras). La información está en internet o también, si se quiere, en los informes que en su momento publicó Sudestada desde Colombia.

¿Y Álvaro Uribe? ¿Y aquel presidente acusado de narcotraficante y cómplice de uno de los mayores genocidios de los últimos años? Dando vueltas por el mundo, dando conferencias y asesorando gobiernos, recibiendo con grandes pompas las llaves de la ciudad de Buenos Aires en manos de Mauricio Macri y siendo nombrado asesor de la Gendarmería Nacional (sí, esos tipos de verde que ahora aparecieron en todos lados supuestamente para defendernos) en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que aparece en 6,7,8 bromeando de fútbol con Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, socio fundador del diario El Tiempo (algo así como La Nación en Colombia), vicepresidente y ministro de Defensa durante los gobiernos de Uribe.

¿Y los terroristas quiénes son, acá o en Colombia? Todos lo sabemos: los piqueteros, los pibes de la Huerta Orgázmika, los campesinos del MOCASE (amenazados por fuerzas parapoliciales) o los mapuches al Sur (acusados de terroristas vinculados con la ETA y las FARC por el empresario Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag e integrante activo de la Sociedad Rural, todo levantado por La Nación). También los trapitos, los motoqueros, los manteros, los poetas como Angie Cepeda, periodistas como Freddy Muñoz (corresponsal del Telesur) o sociólogos como Miguel Ángel Beltrán, extraditado de México y encarcelado en Colombia por terrorista sin que al momento se hayan encontrado pruebas. ¿Su único crimen? Haber hablado en contra de la política de Seguridad Democrática de Uribe, política que junto con la Ventanas Rotas del alcalde de New York Rudolph Giuliani hoy lideran los modelos de ciudanía de políticos argentinos como Mauricio Macri, Eduardo Duhalde o Francisco de Narváez.

Los confieso, yo soy terrorista. ¿Quién no es terrorista? El cómodo consumidor urbano que sigue las noticias de los diarios y la televisión sin cuestionar la realidad en que vive.

“Es interesante porque se está globalizando un política que es la de satanizar definiendo como terrorista cualquier reacción frente al totalitarismo. Son las fortalezas de este gobierno, manejar el miedo colectivo, urbano especialmente, como un mecanismo de contención frente a otro tipo de propuesta. La gente salió a defender la ruta como suya, se sintió afectada por el bloqueo, cuando se sabe que la panamericana está para mantener procesos como el TLC (Tratado de Libre Comercio), o el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). La gente aun sospechando que ciertas informaciones son falaces, acepta eso para su comodidad. Frente al miedo hay una busca instintiva de la comodidad. Cuando hay fenómenos de matanzas llamadas limpiezas sociales, entonces se santiguan y dicen: gracias a dios que puedo ir a la tienda de la esquina, y van a misa más tarde. Entonces hay algo todavía mucho más perverso que es manejar el miedo de la gente”, me dijo al respecto una vez Pacho Rojas, asesor del Consejo Regional Indigena del Cauca (Cric) una de las organizaciones indígenas más importantes de Colombia con una larga lista de agresiones y asesinatos, masacres (como la de Naya), hablando sobre el ataque militar contra el resguardo de La María donde el Cric realizaba unas de sus asambleas anuales poco antes de la reelección de Uribe, luego de un corte en la ruta Panamericana, acusados gobierno y televisión de tener infiltrados de las FARC.