Es preocupante la aparición de conflictos en el ámbito de la salud, que tienen que ver con las restricciones, abusos e invisibilizaciones de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hace tiempo se vienen sucediendo en distintos organismos de salud por el vaciamiento de insumos o por incumplirse convenios colectivos.
El conflicto en el Instituto Malbrán cumplió su jornada de protesta número 22, el pasado 5 de septiembre. El pedido es el de muchos otros: el pase a planta permanente de trabajadores, el respeto de los nomencladores vigentes, que garantizan una remuneración justa para las tareas llevadas adelante, necesidad de incorporar personal, etc. En el área específica de salud mental, el proyecto de “desmanicomialización” que el jefe de gobierno anunció como viable y de corte progresista, solo generó sospechas y negativas. El nuevo Plan de Salud mental, que fue presentado en 2008, incluye el cierre de los Hospitales psiquiátricos Borda y Moyano, y son las extensiones de los predios lo que codician, según los actores, los funcionarios. En ese sentido, Mario Muñoz, delegado de ATE en el hospital Moyano denunció que “vienen por las tierras de nuestros hospitales. Se fijaron en el gran negocio inmobiliario, en las grandes playas de estacionamiento, edificios y shoppings que pueden construir en esos terrenos”.
Para armar el plan de salud, el gobierno de la ciudad no llamó a participar a ninguno de los trabajadores ni directores que operan desde hace muchos años en salud mental. Esta falta de trabajo colectivo y consciente genera las más profundas desconfianzas en cuanto a posibles soluciones y planes de trabajo a largo plazo para que los pacientes internados no sean abandonados por el sistema público de salud mental. Ante la imposibilidad presente de que el proyecto de cerrar los hospitales avance, la nueva estrategia desde el Ministerio de Salud parece ser el ninguneo y el abandono de pacientes y trabajadores de los lugares en conflicto.
Reclamo de trabajadores de Centros de Salud
Ante este panorama, un nuevo comunicado del Ministerio de Salud despertó el alerta de trabajadores del sector: el documento restringe para la profesión de “médicos” a todos los que puedan concursar para puestos o programas de los Centros de Salud o Selección Salud Escolar. De esta manera, se dejaría al margen a quienes vienen trabajando en estos lugares desde hace tiempo y que se encargan de la atención primaria de la salud en los lugares más castigados de una ciudad con polarizaciones alarmantes entre los barrios, entre ellos a Odontólogos, Obstétricas, Bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, psicopedagogos, Sociólogos, Antropólogos, Musicoterapeutas, Terapistas Ocupacionales, Kinesiólogos, Nutricionistas y Trabajadores Sociales. La campaña que iniciaron los trabajadores lleva la consigna de “democratizar la salud”, para que dejen de perpetuarse arbitrariedades como estas.
La mayoría de estos profesionales que hoy quedan al margen de concursar se formaron en cursos de 600 horas y más, en gestión y administración de servicios de salud al igual que los médicos. Además de ser una gran injusticia para quienes vienen ejerciendo esas funciones, es un ridículo y sorprendente atraso conceptual en una ciudad que se caracteriza –en el marco del país y de América Latina– por ser pionera y ejemplo en materia de su desarrollo humano, político y participativo. Varios Jueces ya han dado lugar a pedidos de amparo y es una causa que recién se inicia. (Más información)
Por otro lado, el colectivo Lesbianas y Feministas por la discriminalización del aborto, que lleva adelante la línea de aborto seguro: (011) 156647070, realizó el informe "¿Cómo abortamos las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires?", donde da cuenta de los problemas que existen en salud reproductiva en la ciudad, a partir de los 3000 llamados recibidos durante el gobierno del actual Jefe.
Lo más importantes, relacionado con la invisibilización y la persecución de quienes están brindando, en los CESACs (Centros de Salud y Acción Comunitaria, los mismos para los cuales se están marginando para concursar a sus trabajadores), consejería pre y post aborto. Estas consejerías se concentran, sobre todo, en las zonas sur y oeste de la Ciudad, dos de las zonas mas empobrecidas.
A pesar de ser efectivos para desplazar las mafias del aborto clandestino y los métodos y situaciones inseguras (en Uruguay, por ejemplo, este tipo de Consejerías redujo a cero la mortalidad materna por abortos inseguros), ninguno de estos servicios cuenta con respaldo gubernamental.
El informe destaca que, entre los profesionales que trabajan en los Centros es común escuchar: “Si receto no me nombran más”; “Voy a quedar escrachada en las sociedades científicas a las que pertenezco”; y que las prácticas se transformen en hacer que la mujer anote sus propias indicaciones; no usar recetarios oficiales; no pronunciar la palabra aborto; no dar información a mujeres y adolescentes embarazadas de 13 o más semanas; no recetar; usar códigos secretos en la historia clínica o no anotar.
Algunas estadísticas que se desprenden son que todas las mujeres que llamaron a la línea conocían donde hacerse una ecografía y tenían acceso a atención médica: El 60% tiene obra social y el 40 % acude regularmente a servicios públicos de salud. Pero el 50% de las adolescentes y 62% de las adultas prefiere no acudir a esos servicios cuando busca atención por aborto, por miedo a represalias de sus médicos.
Y en cuanto a las adolescentes, quienes tienen menos posibilidades tanto por el acceso al consultorio como por el manejo de dinero propio, sólo el 25% pudo acceder a una consejería y recibir información y la receta. De las adolescentes que dependen de su obra social o prepaga, ninguna recibió consejería ni la receta, y la mitad fue maltratada.
Por otra parte, acceder al misoprostol en forma legal (hoy utilizado públicamente en casos de detención del crecimiento del feto o abortos espontáneos) evita el aborto inseguro en el 2do trimestre: La fuente de esta mala información son los vendedores clandestinos: farmacias que venden fraccionado y a mayor precio, venta por internet y en la calle (delivery).
“¿A quién le conviene que el misoprostol no circule legalmente?”, se pregunta el colectivo en el informe. Y la respuesta llega pronto: a más clandestinidad en la compra, se hace más caro el misoprostol. Así, la formula es menos pastillas y peor información. Por este motivo, las mujeres corren menos riesgos si los médicos y médicas de la salita o el consultorio general les receta misoprostol. A pesar de que el tiempo promedio registrado en CABA para acceder al misoprostol es de 2 días a 1 semana (la mitad que el promedio nacional), la idea sigue siendo invisibilizar las prácticas de aborto seguro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario